El Gobierno departamental busca ‘revivir’ la Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Sucre
Con el nuevo proyecto de ordenanza la administración departamental de Sucre busca subsanar algunas falencias en el cobro de la Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana en el nuevo proyecto los estratos 1, 2 y 3 que estaban excluidos en la ordenanza 012 entran como sujetos pasivos del cobro de la Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Sucre.
Sincelejo. Pese a que el cobro de la Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana permanece suspendida por orden del Tribunal Administrativo de Sucre, el gobierno departamental en cabeza de Lucy García volvió a presentar ante la Asamblea un nuevo proyecto de ordenanza con el que busca restablecer esta fuente de financiación, argumentando su necesidad para atender las crecientes demandas en materia de seguridad.
La decisión se da tres meses después de que el Tribunal suspendiera provisionalmente la Ordenanza 012 de 2021, al considerar que la norma carecía de precisión en algunos elementos esenciales del tributo, entre ellos el hecho generador. La Gobernación acató la medida e instruyó a las empresas de energía a suspender el recaudo, pero anunció que prepararía una nueva propuesta ajustada a los lineamientos establecidos por la Corte Constitucional y el Congreso.
La tasa de seguridad en Sucre se arrancó desde enero de 2022, cuando comenzó a regir la Ordenanza 012 de 2021 de la Asamblea Departamental. El cobro se hace a través de la factura de energía eléctrica para usuarios de estratos 4, 5 y 6, así como sectores comerciales e industriales.
Este martes, el ejecutivo departamental volvió a radicar en la Asamblea el proyecto de ordenanza para modificar la 012.
El proyecto de ordenanza incorpora los elementos definidos por la Ley 2272 de 2022, que fijó los hechos generadores y habilitó a los departamentos y municipios a crear tasas especiales destinadas a financiar los fondos territoriales de seguridad. Según la Gobernación, la iniciativa corrige las observaciones señaladas por el Tribunal y se ajusta al marco legal vigente.
«Se trata de garantizar que Sucre cuente con los recursos necesarios para fortalecer la seguridad y responder a fenómenos que vienen afectando la tranquilidad ciudadana», indicó la administración en la exposición de motivos.
Se argumenta que el Tribunal suspendió la anterior ordenanza por forma, no por fondo, es decir, por falta de claridad en el hecho generador y reserva de ley en algunos elementos estructurales.
Es así como el nuevo proyecto ajusta el hecho generador siguiendo lo definido en la Ley 2272 y corrige los vacíos advertidos, dando mayor solidez técnica, jurídica y financiera.
El gobierno departamental argumenta que recaudo de la Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana es clave para el orden público.
Entre enero de 2022 y agosto de 2025, la Tasa de Seguridad permitió recaudar más de $24.600 millones, recursos que fueron invertidos en tecnología, movilidad, dotación, recompensas y operaciones de inteligencia. La suspensión dejó al departamento sin una de sus principales fuentes para financiar estrategias de seguridad en un contexto marcado por el aumento del homicidio, el avance de estructuras criminales y el incremento de delitos como la extorsión, argumentó el ejecutivo departamental.
Debate en la Asamblea
El proyecto fue radicado el martes en la secretaría de la Asamblea y se espera que sea repartido y asignado el ponente para su estudio y debate.
El texto radicado aparecen cambios en cuanto los responsables del pago de la tasa. En la ordenanza suspendida se exceptuaba del pago a los estratos 1, 2 y 3. No obstante, en el nuevo proyecto se incluyen todos los usuarios del servicio de energía.
El Artículo 3 dice que el sujeto pasivo (a contribuir) es toda persona natural o jurídica que sea suscriptor del servicio público domiciliario de energía eléctrica en el Departamento de Sucre.
El Artículo 4 estipula que la tasa se genera por la suscripción al servicio público domiciliario de energía eléctrica y en el Artículo 5 se indica que se gravará de acuerdo al estrato socioeconómico para los usuarios residenciales y para el sector comercial e industrial por el consumo mensual expresado en kW-h de energía eléctrica, según facturación.
Se espera que la semana entrante se inicie el debate y mientras, el cobro continúa suspendido hasta tanto no haya una nueva ordenanza en firme o una decisión de fondo del Tribunal.
La medida cautelar de suspensión del cobro de la Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Sucre fue decretada tras analizar tres demandas acumuladas presentadas por Mario Yeneris Anaya, Jader Acosta Avilez y la Personería de Sincelejo, quienes cuestionaron la legalidad del cobro.
Mientras se espera el fallo del Tribunal Administrativo de Sucre sobre la Ordenanza 012, queda en manos de la Asamblea Departamental la aprobación o no de la nueva ordenanza que adopta el cobro de la Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Sucre .