El alto tribunal tendrá que decidir si el caso contra el expresidente Álvaro Uribe por su presunta responsabilidad en varias masacres y otros crímenes en Antioquia en la década de los 90 seguirá en manos del ente investigador o pasa a manos de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes
El expresidente es investigado por su presunta participación en las masacres de El Aro y La Granja, la conformación de un grupo de autodefensas en San Roque (Antioquia) y el asesinato de Jesús María Valle.
En manos de la Corte Constitucional está resolver el conflicto jurisdiccional que tiene en este momento la Fiscalía General de la Nación con el Congreso de la República por el expediente en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por hechos relacionados con la violencia paramilitar en Antioquia en la década de los 90: las masacres de El Aro y La Granja, la conformación de un grupo de autodefensas en San Roque (Antioquia) y el asesinato del líder defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo. El expediente ya fue repartido y se conoció cuál de los magistrados tendrá que liderar el estudio de la decisión.
El caso será liderado por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, a quien le correspondió por sorteo ser el ponente. Aunque la investigación penal viene siendo adelantada por la Fiscalía desde hace años, el pasado 26 de agosto la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes pidió que se le remitiera el expediente para ser ellos desde el Congreso quienes continuaran con las pesquisas en contra del exmandatario.
En ese momento, el presidente de la Comisión, el congresista Carlos Alberto Cuenca Chaux, envió una carta a la Fiscalía diciendo que la decisión fue tomada teniendo en cuenta la hipótesis de la presunta participación de Uribe Vélez en el delito de concierto para delinquir “por hechos ocurridos junto al grupo paramilitar que operaba en la Hacienda Guacharacas, conocido posteriormente como Bloque Metro, en donde el mencionado habría facilitado y promovido el accionar de esta organización”.
Su misiva decía que, teniendo en cuenta que Álvaro Uribe fue presidente de la República entre el 7 de agosto de 2002 y el 7 de agosto de 2010, y que los hechos materia de investigación habrían ocurrido hasta 2003, “existiría una razón objetiva para que esta comisión asuma conocimiento como juez natural de los hechos que eventualmente se hubieren desarrollado durante el periodo de tiempo en el que Álvaro Uribe Vélez fungió como Presidente de la República”.
Según la carta, “en sesión del (19) diecinueve de agosto de 2026 la Comisión aprobó por unanimidad la colisión de competencia ante la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, para que sea la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes quien asuma el conocimiento de la referida actuación”. Asimismo, el Congreso le pidió a la Fiscalía “la remisión del expediente seguido”.
La Comisión además resaltó que la ley establece que “es claro que el Presidente de la República o quien haga sus veces, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional, del Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal General de la Nación, tienen la condición de aforados, en cuanto su investigación corresponde a la Cámara de Representantes que debe acusar ante el Senado de la República, de haber lugar a ello, y a la Corte Suprema de Justicia su juzgamiento, en caso de delitos comunes”.
Sin embargo, la Fiscalía contestó a esa petición diciendo que no se dejaría quitar el expediente, pues los hechos allí investigados habrían tenido lugar antes de la llegada de Uribe a la Casa de Nariño. El ente investigador argumentó que, “al no atribuirse los hechos referidos al doctor Álvaro Uribe Vélez en condición de Presidente de la República, le corresponde a la Fiscalía General de la Nación continuar con la investigación, bajo los derroteros de la Ley 600 de 2000, siendo esta entidad la que tiene la competencia actual”.
En su respuesta, la Fiscalía precisó que, con base en los criterios señalados por la Corte Suprema de Justicia, las conductas investigadas corresponden a los presuntos vínculos de Uribe Vélez con el grupo armado organizado conocido como Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), ocurridos cuando se desempeñaba como gobernador del departamento de Antioquia. En ese sentido, el ente investigador concluyó: “En consecuencia, atendiendo a la Asignación Especial encomendada por la Señora Fiscal General de la Nación, le corresponde a esta Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, continuar con la etapa de instrucción y las decisiones posteriores que el curso de la investigación señale”.
El origen del proceso
La investigación en contra de Uribe Vélez se reactivó el pasado 18 de junio, cuando el propio expresidente informó que la Fiscalía lo había llamado a indagatoria por su presunta relación con tres masacres ocurridas en Antioquia durante la década de 1990. Según se conoció, la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia inició formalmente las pesquisas por hechos relacionados con la conformación de un grupo paramilitar en el municipio de San Roque y las masacres perpetradas en los corregimientos de El Aro y La Granja, en el municipio de Ituango, cuando Uribe era gobernador de Antioquia. Las indagaciones también cubren el crimen del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo.
El ente investigador le sigue la pista a Uribe por los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio en persona protegida, bajo la hipótesis de que habría facilitado y promovido el accionar de los grupos armados que tuvieron como base de operaciones la Hacienda Guacharacas.
El conflicto entre las dos autoridades aterriza en la Corte Constitucional pocos días después de la indagatoria hecha al expresidente Uribe sobre cuatro episodios que marcaron la historia paramilitar de Antioquia en la década de 1990: la conformación de grupos armados en la hacienda Guacharacas y las masacres de El Aro, La Granja y San Roque y el asesinato de Jesús María Valle Jaramillo.