El presidente Abelardo De La Espriella aseguró en sus redes sociales este jueves, 1 de octubre, que tan pronto se posesionó el superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, Wilson Caballero Ariza, le dio la orden de perseguir las empresas de seguridad que utilizan los delincuentes como fachada para armarse y protegerse.
De hecho, explicó que la entidad avanza en la suspensión y cancelación de licencias de empresas investigadas por conexiones con ‘Los Costeños’ de Barranquilla, el Clan Vega Daza e irregularidades en el control de armas.
El atentado
Entre las compañías aparece Atenas de Seguridad Privada Limitada, firma que según el mandatario ya ha sido sometida a decisiones de cancelación pendientes de quedar en firme.
El pasado 25 de mayo, en la sede principal de esa firma, en la carrera 43b con calle 84, norte de Barranquilla, hombres armados con fusiles de asalto, mini Uzis y pistolas con tambores adaptados para 50 tiros intentaron asesinar al comerciante Raúl Antonio Montes, otrora jefe de seguridad de la chancera Enilce López, conocida como la ‘Gata’.
El saldo del ataque fue de un escolta muerto y tres heridos.
Se conoció un acta de la firma, del pasado 26 de agosto, en la que figuran como accionistas Jacqueline de la Rosa Paternina, exesposa de Raúl Montes, con el 90 por ciento de participación; y su hermano Andrés Felipe de la Rosa Paternina.
El cruce de denuncias
Raúl Montes señalaba que quienes lo querían matar estaban al servicio de Jorge Luis Alfonso López, hijo de la ‘Gata’, en asocio con el senador Antonio José Correa (Partido de ‘la U’).
Tanto el hijo de la ‘Gata’ como el senador negaron los señalamientos y aseguraban que eran ellos los que estaban en peligro.
La Unidad Investigativa de EL TIEMPO estableció que para esclarecer qué había detrás de ese cruce de versiones, se escuchó en declaración a Digno José Palomino, jefe de la banda criminal ‘los Pepes’ y que para junio pasado el turno para declarar era de Jorge Eliécer Díaz Collazos, ‘Castor’, jefe de la banda ‘los Costeños’.
Entre las empresas mencionadas por el Presidente también aparece Seguridad Privada Lost Prevention LTDA, compañía que según registros mercantiles a los que accedió este diario, tiene sede en Barranquilla desde 2010 y registra locales en Urabá y La Guajira.
Como gerente de la empresa aparece Lilian Dolores López Romano, quien a su vez es accionista junto a Martha Lucía López de Los Ríos.
Según expedientes, la empresa ha amparado a miembros del clan criminal Vega Daza.
En efecto, Rafael Vega Cuello, alias Kike, jefe del clan, tenía un carné que lo acreditaba como directivo de la empresa de seguridad. Sus hijos, Ronald y Roberto Vega Daza, tenían documentos en los que figuraban como escoltas de esa compañía.
Y uno de sus primos, también aparecía como el coordinador del departamento de armas de la firma.
La cancelada
Otra de las empresas a las que se refirió De La Espriella es Maximus Seguridad Privada Ltda, matriculada en Barranquilla. Según el Presidente, ha sido la única empresa de las nombradas a la que se le canceló la licencia de operación.
Documentos a los que tuvo acceso la Unidad Investigativa de EL TIEMPO aseguran que la empresa fue matriculada en junio de 2022 con un capital de 605 millones de pesos.
En los papeles de constitución de la firma aparecen como dueñas Jalma Rina Pacheco Zapata, con el 60 por ciento de las acciones; Beatriz Eugenia Ospina Cerro, con el 20 por ciento; y Jhosselyn Andrea Torregosa Viaña, con el 20 por ciento restante.
La intervención
Por su parte, la empresa Blink Seguridad, de Barranquilla, fue matriculada en agosto de 2022 con un capital de 602 millones de pesos.
En el documento de constitución de la firma aparecen como dueños Guillermo Andrés Parra Navarro y José Ángel Romero Muñoz.
Aunque hasta 2024 Romero Muñoz seguía apareciendo como dueño, allegados a la firma aseguran que ahora pertenece a otra persona.
Esta firma ya había sido objeto de una intervención realizada por la Superintendencia de Vigilancia en compañía de la Policía de Barranquilla el 16 de junio de 2025.
En el operativo las autoridades encontraron presuntas fallas en los sistemas de custodia, trazabilidad y control del armamento, y utilización final al servicio de estructuras y actores criminales, así como eventuales omisiones en los controles aplicados en la selección del personal operativo, evidenciadas en la vinculación de un número significativo de trabajadores con investigaciones penales activas por delitos de alto impacto.
Y OL Security Group fue matriculada en Barranquilla, en marzo de 2022, con 215 millones de pesos y como dueños, según documentos de la constitución, aparecen Jaime Oliveros Caicedo, Gloria Eugenia Madrid y Leonel Gutiérrez Rodriguez.
Jaime Oliveros, representante legal y accionista de OL Security, y comenzó por asegurar que desconocen por qué el Presidente los mencionó y los relacionó con grupos delictivos
«Nosotros no tenemos ninguna investigación penal abierta en la que se nos relacione con lo que el Presidente está diciendo, desconocemos los argumentos bajo los cuales el dio estas declaraciones. No tenemos ninguna relación con estructuras criminales», señaló el vocero.
Además, aseguró que el único proceso abierto que tienen es uno administrativo con la Superintendencia de Vigilancia: «Hace un año la Superintendencia nos realizó una visita y nos solicitó la licencia de funcionamiento. Ellos argumentan que estaba vencida, y por esto nos suspendieron la operación. Tenemos evidencia de que la licencia de funcionamiento está hasta 2031. Este es el único proceso en el que estamos vinculados».
Y agregó: «Ya hemos enviado varias solicitudes a la Presidencia para que revisen nuestro caso y le decreten la nulidad en el proceso con la Supervigilancia».