Gobierno alista decreto para modernizar los puertos: esto dijo la ministra Elsa Noguera sobre las nuevas reglas
La iniciativa permitiría incluir vías de acceso y atención a las comunidades en los planes de inversión.El Gobierno alista un decreto para modernizar el sistema portuario colombiano, estimular nuevas inversiones y establecer reglas más transparentes para las concesiones.
La ministra de Transporte, Elsa Noguera, anunció que la norma quedaría en firme la semana siguiente y explicó que busca mejorar la competitividad de las terminales, incorporar criterios de sostenibilidad y facilitar inversiones en las vías de acceso. El anuncio se conoce mientras la ANI revisa concesiones portuarias con obligaciones pendientes.
La iniciativa también pretende ampliar el alcance de los planes de inversión de los puertos, de modo que no se limiten a las instalaciones de cada terminal, sino que puedan contemplar conexiones terrestres, marítimas y fluviales.
Según explicó la ministra, el propósito es fortalecer la capacidad de estas infraestructuras para competir en los mercados internacionales, al tiempo que se promueven condiciones más claras para los operadores y se impulsa la ejecución de proyectos.
Decreto de modernización portuaria: qué cambiará en las concesiones
La ministra explicó que el decreto tiene cuatro objetivos: estimular la inversión, mejorar la competitividad, incorporar criterios de sostenibilidad y promover la transparencia.
Uno de los cambios planteados consiste en permitir que los concesionarios continúen invirtiendo incluso cuando se acerquen las fechas de vencimiento de sus contratos, mientras se amplía el alcance de las obras que pueden incluirse en sus planes.
“Lo primero, estimular la inversión, que aunque ya las concesiones estén prontos a terminar en los próximos 8, 9 años puedan seguir haciendo inversión. Lo segundo, ser mucho más competitivos en el sentido que poder incluir en el plan de inversiones de los puertos, no solo el puerto internamente, sino las vías de acceso, bien sea terrestres, marítimas, fluviales”, afirmó Noguera.
La propuesta también incorpora compromisos relacionados con las comunidades y el medio ambiente, buscando que formen parte de la planeación de las inversiones portuarias. La ministra señaló que las terminales podrán contemplar nuevas tecnologías para reducir su impacto ambiental y que la modernización debe contribuir a mejorar su capacidad para competir fuera del país.
“Y tercero, fomenta lo que es la sostenibilidad para que puedan incluir también dentro de sus inversiones atención a las comunidades que hoy lo vienen haciendo, pero ahora va a formar parte del plan de cada uno de los sectores y también el cuidado del medio ambiente, que incorpore en todas las nuevas tecnologías que permitan ser más amigables con el medio ambiente”, explicó.
En materia de transparencia, Noguera indicó que se mantendrá el marco de la Ley 1 de 1991, que establece concesiones por 20 años, prorrogables por otros 20, para un máximo de 40 años.
Una vez cumplido ese periodo, los contratos tendrían que volver a licitarse, sin nuevas prórrogas. Además, el Gobierno plantea crear un registro único que permita consultar los trámites y procesos de las concesiones portuarias.
“Si se vence pues ese término, tienen que licitarse nuevamente y ya no habrán prórrogas. Y ahí puede participar todos, tanto proponentes nacionales como internacionales. Pero lo interesante es que vamos a tener un registro único para los puertos, las concesiones portuarias. Lo que queremos es que esté integrada toda esta información para que sea más transparente y todos sepamos cómo van los trámites y los diferentes procesos”, dijo la ministra.
Canal del Dique y aeropuerto de Cartagena: los avances que anunció la ministra de Transporte
Noguera también se refirió al Canal del Dique, proyecto que, según indicó, podría avanzar hacia el inicio de obras durante los próximos meses, una vez tomada la decisión de que no se necesitan estudios ambientales adicionales.
La intervención tendría impacto en Sucre, Bolívar y Atlántico, tanto por la mitigación de amenazas de inundación en municipios ribereños como por las mejoras en navegabilidad y los efectos esperados sobre la bahía de Cartagena.
“Dentro de los propósitos que nos ha pedido el presidente es destrabar, acelerar y ejecutar las obras que tanto están esperando los colombianos. Para el caso del Canal del Dique va a tener un gran impacto en Sucre, en Bolívar y en Atlántico”, señaló la funcionaria.
La ministra destacó que el proyecto combina objetivos ambientales y de conectividad fluvial, con posibles repercusiones en la actividad turística de Cartagena. “Permite una mejor navegabilidad con las esclusas y para el caso de Cartagena va a tener un impacto muy positivo en lo que es la bahía de esta ciudad que va a contribuir sobre todo con el turismo”, afirmó.
Sobre el aeropuerto de Cartagena, la ministra reconoció que el proyecto ha enfrentado dificultades prediales, administrativas y ambientales. Indicó que, después de dos reuniones y de establecer compromisos con el concesionario, la meta es elevar el avance de las obras del 4 % al 20 % de lo acordado. También señaló que la licencia ambiental permitiría acelerar la ejecución durante el próximo año.
“El aeropuerto de Cartagena ha tenido todas las dificultades de todo tipo, predial, de trámites, ambiental. Ya nos hemos reunido en dos oportunidades, hay compromisos claros y la meta es que por lo menos las obras estén en un 20% de lo acordado. Hoy estaban tan solo en el 4%”, dijo Noguera.
La funcionaria subrayó la importancia de avanzar en las obras por el papel del aeropuerto en la conexión internacional y el turismo. “Recordemos que este es un aeropuerto internacional en donde todos nos beneficiamos, es la cara de entrada de muchos turistas a Colombia, por lo tanto no nos podemos dar el lujo de tener el aeropuerto rezagado en inversión”, concluyó.
El anuncio se hizo luego de que en la mañana de este 9 de octubre, Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) puso bajo revisión varias concesiones portuarias del país tras identificar presuntos incumplimientos contractuales, deudas acumuladas y retrasos en inversiones y trámites administrativos.
Su presidente, Ricardo Ayerbe Pino, adelantó mesas de trabajo con los concesionarios para evaluar las dificultades y definir soluciones. Entre los obstáculos detectados están la falta de claridad sobre vías jurídicas, documentos técnicos, financieros y legales pendientes, así como obligaciones relacionadas con el pago de contraprestaciones.
Uno de los casos bajo evaluación es el de la Sociedad Portuaria Petrodecol, en Tumaco, frente a la cual la ANI analiza una posible declaratoria de caducidad por incumplimientos en inversiones, operación y contraprestaciones. En esa misma región, Tumaco Pacific Port presenta dificultades en el pago de estas obligaciones.
La entidad también trabaja en trámites de modificación contractual en otros puertos y busca superar los obstáculos administrativos para facilitar inversiones y mejorar la actividad portuaria. La meta es pasar de los 174 millones de toneladas movilizadas en 2025 a más de 200 millones anuales.