Así va el pulso del sector sindical por el salario mínimo de 2027: ¿es viable un aumento de dos dígitos?
La propuesta más alta es la de Fabio Arias, dirigente de la CUT, con 38,5 %, que llevaría el mínimo a $2.422.000La negociación del salario mínimo para 2027 ha mostrado diferentes posturas dentro del propio sector sindical durante las últimas semanas, mientras las centrales obreras preparan una propuesta conjunta para presentar al Gobierno.
Este jueves 5 de noviembre la Agencia de Información Laboral de la Escuela Nacional Sindical (ENS) publicó un nueva lectura de la negociación, en la que el investigador José Fernando Gutiérrez Lenis advirtió que la discusión no debería limitarse a la inflación y la productividad, sino incorporar el concepto de salario mínimo vital, el consumo de los hogares y la redistribución del ingreso.
Se anticipa una concertación compleja por el amplio rango de porcentajes que se manejan en los diferentes sectores. Mientras algunos dirigentes sindicales han mencionado incrementos de dos dígitos e incluso se conoce la propuesta preliminar de Fabio Arias de 38,5 %, las estimaciones de analistas económicos y representantes empresariales se concentran entre el 8 % y el 10 %.
Gutiérrez Lenis identifica una brecha entre las posiciones del Gobierno y los gremios empresariales, que defienden una discusión basada principalmente en variables técnicas como el índice de precios al consumidor (IPC), el crecimiento económico y la productividad, y las organizaciones sindicales, que reclaman incorporar criterios constitucionales y jurisprudenciales relacionados con la remuneración mínima y vital.
El investigador también cuestiona que se atribuyan de manera simplificada al incremento salarial de 2026, que fue de 23,7% según su análisis, las presiones inflacionarias y las dificultades del mercado laboral. Entre los factores que también deben considerarse menciona las contracciones industriales, los choques externos y las políticas monetarias restrictivas.
¿Qué aumento del salario mínimo propone la CUT para 2027?
Una de las cifras que más ha llamado la atención en la discusión es el 38,5%, planteado inicialmente por Fabio Arias, dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). En declaraciones a Caracol Radio el 17 de octubre, el miembro del Comité Ejecutivo y expresidente de la central, sostuvo que los trabajadores contemplaban solicitar ese porcentaje para avanzar en el cierre de la brecha frente al denominado salario mínimo vital.
La cifra, según explicó Arias, responde a una deuda acumulada de 32 puntos porcentuales frente al estándar de salario vital definido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a la que se sumaría una inflación estimada de 6,5% para el cierre de 2026. Sin embargo, el propio dirigente señaló que la propuesta debía revisarse, por lo que se trata de una declaración preliminar y personal.
La discusión también ha mostrado una postura diferente dentro de la CUT. Nelson Alarcón, elegido como nuevo presidente de la organización, manifestó el 28 y 29 de octubre que la central defenderá un incremento de dos dígitos, es decir, de al menos 10%. No obstante, tampoco presentó un porcentaje definitivo y señaló que la cifra deberá construirse con las demás organizaciones sindicales que participan en el proceso.
Hasta el momento, el Comando Nacional Unitario no ha confirmado un porcentaje conjunto. La cifra definitiva deberá surgir del documento que preparan las centrales y las organizaciones de pensionados para llevar a la mesa de concertación.
De acuerdo con los escenarios calculados sobre el salario básico de 2026,de $1.750.905 sin auxilio de transporte, un aumento del 8% lo llevaría a $1.890.977, mientras que uno del 10% lo ubicaría cerca de $1.926.000. En el escenario preliminar del 38,5%, el básico superaría los $2,4 millones, una diferencia considerable frente a las proyecciones que manejan los analistas económicos.
Sindicatos preparan propuesta conjunta y amplían su participación en la negociación
El Comando Nacional Unitario, integrado por la CUT, la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), la Confederación General del Trabajo (CGT) y las confederaciones de pensionados CDP y CPC, comenzó el 19 de octubre a trabajar en una propuesta unificada. El propósito es presentar una posición común ante el Gobierno, con énfasis en el salario mínimo vital y el mantenimiento del poder adquisitivo de los hogares trabajadores.
Para construir ese documento, las organizaciones anunciaron que contarán con el acompañamiento de investigadores de la Universidad Nacional de Colombia y centros de pensamiento económico. La intención es respaldar técnicamente sus planteamientos.
Dentro de la CGT también se han conocido posiciones frente a los temas que acompañarán la discusión. Percy Oyola, presidente de esa central y de Utradec, rechazó tajantemente la posibilidad de establecer salarios mínimos diferenciados por regiones. En declaraciones del 3 de noviembre a Infobae, sostuvo que esa alternativa representaría un retroceso y podría terminar clasificando a los trabajadores en categorías según el territorio donde residan.
Oyola anticipó que la CGT exigirá una cifra importante. Su pronunciamiento se refiere a la propuesta de regionalización planteada por Corficolombiana, que abrió el debate sobre salarios diferenciados de acuerdo con la productividad y el costo de vida de cada territorio, con un incremento centralizado sugerido del 8%.
La representación sindical también tendrá nuevos participantes. El 4 de noviembre, CGT Mayorías Territoriales anunció su incorporación a la mesa de concertación después de reunirse con la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes. Esta fracción, que no representa a la totalidad de la CGT, es encabezada por Jaime Cortés Suárez y asegura agrupar a 10 federaciones departamentales y cuatro nacionales, con presencia de trabajadores campesinos, informales, transportadores de carga y personas vinculadas a plataformas digitales.
Otro cambio está relacionado con la participación de las trabajadoras domésticas. Por primera vez, seis organizaciones del sector fueron invitadas a la concertación salarial. Entre ellas están Utrasd, la Central Sindical de Trabajadoras del Hogar, Sintrahop, Asociación Trabajar, Sintra Emagra y Sintra Emprusa. Sus propuestas estarán relacionadas con remuneración, formalización laboral y seguridad social, aunque tampoco han presentado un porcentaje propio de incremento.
A este panorama se suma la posición institucional de la CUT frente al Gobierno de Abelardo De La Espriella. La central ratificó su oposición a la administración y, junto con organizaciones sociales, convocó un paro nacional para el próximo 19 de noviembre, según un comunicado del 4 de noviembre. Este contexto político constituye otro elemento que rodea una negociación en la que todavía se busca consolidar una postura común.
¿Qué aumento del mínimo recomiendan los expertos para 2027?
Las proyecciones económicas conocidas hasta ahora se encuentran lejos de la cifra preliminar mencionada por Arias. Corficolombiana planteó un incremento del 8%, mientras que Banco de Bogotá estima un ajuste de 8,5%, con base en una inflación de 6,8% y una productividad de 1,2%. Fenalco, por su parte, proyecta un aumento cercano al 9%.
Credicorp Capital, a través de su análisis de Daniel Velandia, considera que el incremento finalmente acordado podría ubicarse entre el 9% y el 10%. Aunque una fórmula estrictamente técnica, que combine una inflación cercana al 7% y una productividad de entre 1% y 1,5%, arrojaría un resultado alrededor del 8%, la firma contempla un margen adicional asociado a la negociación política.
En una línea similar, el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas sostuvo que un aumento técnicamente justificado debería ubicarse en 8%, siempre que la discusión no esté atravesada por factores políticos. El exfuncionario también cuestionó el incremento de 23% fijado para 2026, al considerar que contribuyó a alimentar la inflación y que los ajustes desconectados de la productividad pueden afectar la generación de empleo privado e impulsar la informalidad.
Por su parte, el economista Roberto Morales, de la Universidad Libre, considera que un incremento de entre 7,5% y 8,5% permitiría proteger el poder adquisitivo sin generar desequilibrios importantes en el mercado laboral, y plantea un techo de 10%. Otros analistas también han advertido sobre los riesgos de un ajuste elevado. Iván Jiménez, de la Universidad Javeriana, señaló que podría incentivar la informalidad laboral y empresarial.
El debate también tiene antecedentes sobre la estructura de los ingresos. Un análisis de la ENS recoge hallazgos del Centro de Estudios Valor Público de la Universidad EAFIT en Antioquia, según los cuales, después del incremento de 2026, la proporción de trabajadores formales que recibe exactamente un salario mínimo pasó de 43% a 53%. Este fenómeno, conocido como compresión salarial, refleja un achatamiento de los escalones intermedios de remuneración.
La negociación de 2027, entonces, tendrá que conciliar dos discusiones que parten de la reivindicación sindical de avanzar hacia un salario mínimo vital y la preocupación empresarial y de los analistas por los efectos macroeconómicos de un incremento superior a la productividad.