FLIP denuncia que Gobierno De la Espriella asigna pauta a medios según su cubrimiento
Carlos Suárez Rojas, presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol y director de campaña del presidente Abelardo De La Espriella, afirmó en X que los medios que replicaron encuestas críticas son aquellos “a los que el presidente ordenó dejar sin pauta”. La FLIP y El Veinte, organizaciones defensoras de la libertad de expresión, calificaron sus declaraciones como una confesión y alertaron sobre una posible forma de censura indirecta.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y la oenegé El Veinte advirtieron que el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella estaría condicionando la asignación de publicidad oficial a la manera en que los medios cubren las actuaciones de la administración.
Las organizaciones basaron su pronunciamiento en las declaraciones de Carlos Suárez Rojas, presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol y estratega de campaña de De La Espriella, así como en una denuncia presentada ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) contra la firma Cifras y Conceptos y su gerente, César Caballero.
La denuncia fue presentada por el abogado Germán Calderón España, quien hasta hace poco dirigió la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje). Calderón pide investigar la divulgación de la encuesta sobre los primeros 100 días del Gobierno, al considerar que sus resultados incumplen la Ley 2494 de 2025, conocida como la Ley de Encuestas.
De acuerdo con la FLIP, sobre el primer hecho, Suárez publicó un mensaje en X en el que afirmó que las encuestas replicadas por varios medios son falsas y que estos son aquellos “a los que el Presidente ordenó dejar sin pauta”. Para las organizaciones, “con esto confesó públicamente que el cubrimiento que los medios de comunicación hacen del gobierno se relaciona directamente con la asignación de recursos públicos en pauta”.
Las oenegés recordaron que “la publicidad del Estado se paga con dinero público y debe servir para informar a la ciudadanía, no para premiar o disciplinar a los medios”.
De acuerdo con los estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), distribuir la pauta oficial en función de las opiniones de los medios o de otros criterios injustificados constituye una forma de censura prohibida por el sistema interamericano. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión ha identificado esta práctica como uno de los principales mecanismos de censura indirecta y ha advertido que puede operar como un fuerte elemento disuasorio.
Las organizaciones señalaron que esta forma de censura es “especialmente peligrosa porque no necesita decretos ni censores”, pues “basta una decisión administrativa que nadie tiene que explicar”. Agregaron que sus efectos son mayores sobre los medios regionales, comunitarios e independientes, y advirtieron que premiar a los afines mientras se castiga a los críticos distorsiona el debate público.
Aunque en Colombia no existe una ley específica sobre publicidad oficial, la FLIP sostiene que eso no autoriza al Gobierno a repartirla a discreción. La Ley 1474 de 2011 exige que estos contratos respondan a criterios de efectividad, transparencia y objetividad. Además, retirar la pauta por lo que un medio publica va en contra de la prohibición de censura establecida en la Constitución y en la Convención Americana.
La organización sostuvo que el Estado tiene una deuda pendiente desde el Acuerdo de Paz de 2016, cuando se comprometió a asignar la pauta oficial con criterios transparentes, objetivos y de equidad. Mientras tanto, la mayor parte de esta se entrega mediante contratación directa y buena parte del dinero pasa por intermediarios, según ha documentado la FLIP. “Ese vacío facilita el abuso, pero no lo vuelve legal”, afirmó.
Sobre las palabras de Suárez, la FLIP señaló que no se refirió a criterios técnicos ni a la eficiencia del gasto, sino a medios que se quedaron sin pauta por replicar encuestas. Preocupa, además, según el comunicado, que se instale una narrativa que atribuye a intereses económicos la información que incomoda al Gobierno, lo que desvía la discusión sobre los resultados publicados y genera presión sobre quienes ejercen veeduría al poder.
La denuncia contra Cifras y Conceptos
El segundo hecho es la denuncia presentada ante el CNE por Germán Calderón España, quien fue jefe jurídico de la campaña de De La Espriella y director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado hasta el pasado 6 de noviembre. La denuncia pide abrir un procedimiento sancionatorio por divulgar los resultados de una medición sobre los primeros 100 días de Gobierno, que ubicó la popularidad del mandatario por debajo del 50 %.
Las organizaciones reconocieron que existe un régimen legal sobre encuestas y que cualquiera puede denunciar, pero advirtieron que “el derecho a denunciar no puede convertirse en un instrumento de intimidación y censura”. En su criterio, una denuncia que busca sancionar a una encuestadora por divulgar los resultados de una medición sobre la gestión presidencial tiene, sea cual sea su intención, un efecto intimidatorio.
Subrayaron que el contexto agrava ese efecto, ya que Calderón España es un exfuncionario del Gobierno y exjefe jurídico de la campaña presidencial, y la denuncia se presentó el mismo día en que un alto funcionario cercano al Ejecutivo desacreditó la encuesta y a los medios que la publicaron.
“Cuando la deslegitimación pública, la presión económica y el trámite sancionatorio apuntan en la misma dirección, el resultado es una forma de censura indirecta”, señalaron las oenegés. Alertaron que las encuestadoras aprenden que medir la opinión sobre el poder implica un riesgo legal, que difundir sus resultados tiene un costo económico para los medios y que la ciudadanía pierde información para evaluar a su Gobierno: “Esa es la lógica de la intimidación: no necesita sancionar a nadie, le basta con que el siguiente decida callar”.
La FLIP y El Veinte recordaron que estos hechos se suman a otros ya advertidos, entre ellos una directriz de la Presidencia que limitaría las entrevistas y ruedas de prensa a medios considerados no afines, y las declaraciones de Suárez contra los medios La Silla Vacía y Cambio.
Para las organizaciones, al acceso privilegiado a la información para los “amigos” se suman ahora la pauta condicionada y las denuncias contra quienes miden la opinión, lo que configura un sistema de premios y castigos sobre la prensa. “Defender a los periodistas de las amenazas armadas exige también no presionarlos desde el poder”, señalaron.
Las oenegés pidieron a la Presidencia que aclare si ordenó retirar la pauta a algún medio y con qué criterios. Al Gobierno nacional le solicitaron expedir criterios objetivos y públicos para la asignación de la pauta oficial, abstenerse de interferir en la línea editorial de los medios y publicar el listado de medios que reciben pauta, sometido a veeduría.
Asimismo, pidieron a Carlos Suárez cesar sus expresiones de intimidación contra los medios y a la Procuraduría y la Contraloría vigilar los procesos de asignación de la pauta oficial. También expresaron su solidaridad con Cifras y Conceptos y con los medios señalados.
“La democracia necesita medios que informen sin temer represalias y encuestas que midan sin temer sanciones. Lo que está en juego no es un rubro del presupuesto, sino la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a permanecer informada”, concluyeron.