
Investigadora y defensora de derechos humanos Norma Vera denunció amenazas de muerte
La investigadora Norma Vera Salazar ha trabajado durante años casos en los que actuaron las autodefensas de Hernán Giraldo en el departamento de Magdalena y otros grupos ilegales.
Una corona fúnebre y una fotografía con un mensaje de amenaza llegó hasta la casa de la investigadora Norma Vera Salazar. La defensora de derechos humanos denunció a través de sus redes sociales el hecho del que fue víctima este 11 de noviembre.
«El arreglo floral en bolsas negras contenía una impresión de mi rostro acompañada de una amenaza explícita y un ultimátum ‘Muere 24.H'», detalló la investigadora en una mensaje en X.
En la publicación, Vera Salazar señaló que la intimidación está relacionada con un patrón sistemático de estigmatización y hostigamiento judicial por parte del exparamilitar Hernán Giraldo a raíz de sus investigaciones sobre la Sierra Nevada.
«La violencia busca silenciar el análisis riguroso sobre las estructuras armadas y las continuidades de control territorial en la región. Exijo a la Fiscalía investigar de inmediato esta amenaza de muerte, a la UNP redoblar medidas y a los organismos de control un monitoreo efectivo. La labor de defensa de derechos humanos no se detiene», escribió Vera Salazar.
La investigadora durante años le ha seguido la pista a las movidas de Hernán Giraldo, también conocido como «El Patrón» o «El Señor de la Sierra» y ha trabajado con víctimas de la guerra paramilitar en el departamento del Magdalena. En este camino, la justicia, por medio de decisiones como la del pasado 28 de julio, cuando Giraldo fue condenado a más de 20 años de cárcel por haber abusado y explotado sexualmente a tres niñas de 11 y 12 años, ha respaldado sus investigaciones.
En esos casos, la justicia confirmó que el exjefe del Frente Resistencia Tayrona de las AUC abusó sexualmente de niñas y adolescentes, sometiéndolas a vejámenes y obligándolas a tener relaciones íntimas con él. Muestra de ello es la sentencia de julio pasado, que trata sobre los casos puntuales de tres menores de edad que, como logró probarlo la Fiscalía, fueron obligadas a tener relaciones sexuales con Giraldo, a vivir en las fincas donde residía y visitarlo cada semana en cárceles de Medellín e Itagüí (Antioquia) y Barranquilla (Atlántico), donde estuvo privado de la libertad antes de su extradición a Estados Unidos.
La investigadora ha encontrado muchos más casos. Durante años recorrió las comunidades de Magdalena afectadas por la guerra de los paramilitares y documentó al menos 202 casos de víctimas de violencia sexual por hechos presuntamente atribuidos a Giraldo.