La JEP le pone la lupa a los crímenes contra firmantes de paz: esto responde el Gobierno
En una audiencia que duró más de ocho horas, los magistrados de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) escucharon a firmantes del Acuerdo de Paz, organizaciones de derechos humanos, mandatarios regionales y entidades del Estado que pusieron sobre la mesa la discusión sobre la protección de los excombatientes. En una década que ha corrido desde la firma de lo pactado en La Habana, 521 reincorporados han sido asesinados y los caminos para protegerlos aún no son claros ni para la justicia.
La seguridad de los firmantes del Acuerdo de Paz de 2016 tiene preocupadas a las autoridades. En los diez años que han pasado desde que el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las Farc pactaron el cese del conflicto armado interno, 521 exintegrantes de ese grupo armado han sido asesinados. Así lo expuso la Defensoría del Pueblo este 12 de noviembre durante una audiencia de seguimiento a las medidas cautelares decretadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para la protección de los excombatientes. El balance, según las entidades de derechos humanos y los voceros del desmovilizado grupo armado, es preocupante: la falta de garantías tiene a miles de reincorporados al borde de la muerte o del retorno a las armas.
Durante más de ocho horas, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP escuchó a representantes de las entidades relacionadas con la implementación del Acuerdo de Paz y la protección de los firmantes sobre la delicada situación de seguridad. También asistieron voceros de entidades defensoras de derechos humanos y los alcaldes de algunos de los municipios en los que se ha concentrado durante los últimos años la violencia contra los exintegrantes de la guerrilla de las Farc. La diligencia fue presidida por la magistrada Reinere Jaramillo Chaverra y la acompañaron los magistrados María del Pilar Valencia García, Alejandro Ramelli Arteaga, Raúl Eduardo Sánchez Sánchez, Gustavo Adolfo Salazar Arbeláez.
La primera intervención de la jornada estuvo a cargo de la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, quien hizo una radiografía detallada de las violencias contra firmantes del Acuerdo de Paz. De los 521 crímenes contra firmantes de paz, dijo la funcionaria, 353 ocurrieron en municipios sobre los cuales la Defensoría del Pueblo había emitido alertas tempranas por la violencia inminente. Las advertencias no fueron escuchadas. La jefa de la entidad señaló que los excombatientes han estado en riesgo por amenazas, homicidios selectivos, estigmatización, desplazamientos, confinamientos, desapariciones, reclutamiento forzado, restricciones a la movilidad, extorsiones y presiones sobre proyectos productivos.
Los departamentos de especial preocupación para la Defensoría son Norte de Santander, Cauca, Antioquia, Huila, Tolima, Putumayo, Caquetá y Nariño. En esa línea, hizo siete recomendaciones relacionadas con el fortalecimiento del seguimiento a las medidas de protección, priorizar los territorios con mayor influencia de la violencia, impulsar la implementación territorial del Plan Estratégico de Seguridad y Protección, mejorar la trazabilidad de las decisiones de protección de firmantes de paz, garantizar la seguridad para hacer sostenible la reincorporación, evitar la estigmatización de los excombatientes y revisar los recortes al presupuesto que puedan afectar su efectiva protección.
Sobre este punto se pronunció también el recién posesionado ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, quien aseguró durante su intervención que el Gobierno revisará con más detalle a quiénes les ofrece protección por su situación de seguridad. También tuvo un duro encuentro con el magistrado Salazar, al cuestionar la legitimidad de esa instancia de justicia transicional. “El gran desafío que tiene la JEP tiene que ver con su legitimidad. La JEP, señores magistrados, se consigue con resultados y transparencia”, expresó el ministro. Pero el magistrado Salazar detuvo su intervención: “Señor ministro Ordóñez, no vinimos a discutir la legitimidad de la JEP, entonces le pido que, con la venia de los colegas magistrados, se limite al tema de protección”.
El ministro Ordóñez también se refirió al servicio que presta la Unidad Nacional de Protección (UNP), a propósito de la decisión reciente del nuevo presidente de la JEP, el magistrado Danilo Rojas Betancourth, de reducir esquemas de protección y entregarle esa función al Gobierno por la falta de recursos. El ministro Ordóñez detalló que hasta septiembre de este año habían implementado 699 esquemas individuales y colectivos. Y que, solo en 2025, su ejecución tuvo un costo de COP 294.742 millones. “En este Gobierno se acaba la feria de los esquemas de seguridad”, dijo el alto funcionario. Y concluyó que las principales amenazas contra firmantes de paz están relacionadas con los negocios del narcotráfico, la minería ilegal y otros ilícitos.
En esa línea intervino el ministro de Defensa, Jorge Mora, quien señaló que la protección de los firmantes de paz sí es una prioridad para la cartera a su cargo, pero que es importante tener en cuenta que se deben mantener las capacidades de seguridad y el ataque a los grupos armados que, según expuso, han crecido un 92 % entre 2022 y 2026. Detalló que actualmente acompañan la seguridad de 21 Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (AETCR), de los cuales hay dos en nivel alto de riesgo, 17 en nivel medio y dos en nivel bajo. “La convicción del Ministerio de Defensa es que no existe paz sin seguridad y nuestra misión es proteger la vida de quienes la construyen”, dijo el ministro al cierre de su intervención.
La postura sobre la protección de los firmantes de paz fue cuestionada por Rodrigo Londoño, exintegrante de las Farc y último comandante del antiguo secretariado de esa guerrilla. Durante su intervención aseguró que los firmantes han sido víctimas de estigmatizaciones y que no solo se han sentido desprotegidos físicamente, sino que también han visto amenazada su seguridad jurídica. Detalló que Comunes, el partido político que surgió de la antigua guerrilla de las Farc, ha documentado 427 tentativas de homicidio, asesinatos y desapariciones de firmantes de paz, pero solo 63 casos han sido judicializados. “Este año bajaron los homicidios, pero las tentativas aumentaron en 75 % y no bajan en la intención de matarnos”.
En su intervención, Londoño cuestionó que la investigación de crímenes contra firmantes de paz se limite a quienes los ejecutan y que las investigaciones no vayan más allá para responder la pregunta sobre quién los ordenó. Le pidió al Gobierno, entre otras cosas, que en máximo 15 días informe cómo protegerán ahora a los firmantes de paz y cómo adelantarán ahora su trabajo las instancias de articulación encargadas de garantizar la seguridad de los excombatientes. También pidió “exhortar a los altos funcionarios a no usar un lenguaje que ponga en riesgo nuestra vida, como lo vimos hoy con el ministro del Interior”. Y concluyó: “No queremos estar aquí eternamente hablando de la guerra. Cumplimos nuestra palabra y vinimos a construir la paz. No nos mataron en la guerra, no permitan que nos maten en la paz”, concluyó.
Además de escuchar durante la extensa diligencia a los distintos voceros, la magistratura también tomó medidas contra quienes no asistieron a la diligencia. “Esta magistratura ha decidido abrirle un incidente de medidas correccionales en contra de la directora de la Agencia de Reincorporación (ARN), la doctora Paola Andrea Onzaga”, dijo la magistrada Reinere Jaramillo, luego de que la funcionaria se negara a presentarse a la audiencia de medidas cautelares. La JEP tendrá que enviar un auto informando sobre las medidas que tomará por el incumplimiento, al tiempo que espera las respuestas que hicieron los magistrados sobre cada intervención y que tendrán que remitir en máximo cinco días para intentar buscar pistas que detengan la ola de violencia contra quienes apostaron por la paz.