
Alcaldía y Diócesis de Riohacha enfrentadas por millonaria deuda educativa
El alcalde de Riohacha Genaro Redondo Choles y el obispo de la Diócesis de Riohacha tienen un embolate por una gruesa suma de dinero.
Un tire y afloje por una deuda millonaria enfrenta al alcalde de Riohacha, Genaro Redondo Choles, y al obispo de Riohacha, Francisco Antonio Ceballos Escobar. Mientras la Diócesis reclama el pago de servicios educativos prestados durante 2025, la Administración Distrital asegura que existen cuentas con presunta sobrefacturación que deben revisarse antes de autorizar el desembolso.
La controversia gira alrededor de $3.315.941.881,50, saldo que la Diócesis reclama del contrato 007 de 2025. El obispo sostiene que la demora afecta las finanzas de la institución religiosa y pone en dificultades una posible contratación para 2027. La Alcaldía responde que los recursos están disponibles, pero faltan aclaraciones sobre las cuentas presentadas.
En medio de este enfrentamiento administrativo aparecen 4.879 estudiantes de las instituciones educativas Divina Pastora, Eusebio Septimio Mari y Santa María Goretti. Allí, la Diócesis desarrolla estrategias pedagógicas mediante contratación con el Distrito. Aunque ambas partes aseguran defender la continuidad del servicio, sus diferencias mantienen abierta una controversia que preocupa a las comunidades educativas.
El obispo reclama el pago y advierte dificultades
Monseñor Francisco Antonio Ceballos Escobar asegura que la Diócesis ha entregado los soportes, explicaciones y documentos solicitados por la Secretaría de Educación Distrital, responsable de supervisar el contrato. Sin embargo, sostiene que continúan llegando requerimientos sin una respuesta definitiva sobre cuándo se hará efectivo el dinero correspondiente a los servicios prestados en 2025.
La preocupación del obispo aumenta porque el contrato 041 de 2026 está próximo a finalizar. Según explicó, asumir nuevas obligaciones sin recibir el pago anterior comprometería la capacidad financiera de la institución religiosa. Por eso pidió a la Alcaldía resolver la situación y comunicar oportunamente cómo se garantizará la atención educativa durante 2027.
La Diócesis recordó que la legislación contractual reconoce el derecho de los contratistas a recibir oportunamente los pagos pactados. También invocó las disposiciones constitucionales que protegen la educación de los niños. Aunque manifestó su disposición a continuar conversando, advirtió que podría acudir a mecanismos administrativos y judiciales para reclamar sus derechos.
Alcaldía habla de sobrefacturación superior a 500 millones
La respuesta de la Administración Distrital llegó con un señalamiento que cambia el enfoque de la controversia. Según la Alcaldía, existen diferencias por una presunta sobrefacturación superior a 500 millones de pesos, situación que todavía no ha sido conciliada y que impide completar los procedimientos legales necesarios para efectuar el pago reclamado.
El alcalde Genaro Redondo Choles sostuvo que la Diócesis debe atender los requerimientos de la Secretaría de Educación y explicar las diferencias encontradas. «Los recursos públicos son sagrados», manifestó el mandatario, quien aseguró que el dinero está disponible, pero que su administración necesita resolver las observaciones contractuales antes de autorizar el desembolso.
Redondo también afirmó que las obligaciones correspondientes a 2026 están al día y que existen condiciones para adelantar la contratación de 2027. Además, calificó de incompletas e imprecisas las explicaciones del obispo sobre el retraso y atribuyó a la falta de conciliación de las cuentas la imposibilidad de concluir el trámite.
¿Quién tendrá que ceder para resolver las diferencias?
Las posiciones dejan preguntas pendientes. La Diócesis reclama una obligación contractual que considera exigible, mientras la Alcaldía insiste en revisar una presunta sobrefacturación. Hasta ahora, las versiones conocidas no permiten establecer qué conceptos originaron las diferencias, cuáles valores están plenamente reconocidos ni cuándo podría alcanzarse un acuerdo entre las partes.
La Administración Distrital asegura que mantiene abiertos los canales de comunicación y que ninguna diferencia administrativa debe perjudicar a estudiantes o docentes. La Diócesis, por su parte, pide una solución que le permita conocer sus condiciones financieras antes de comprometerse con otro año de prestación del servicio educativo.
El asunto requiere explicaciones documentadas y decisiones oportunas. Si las partes no consiguen conciliar, la controversia podría terminar en instancias administrativas o judiciales. Entretanto, las familias esperan que alcalde y obispo encuentren una salida que proteja los recursos públicos, atienda las obligaciones contractuales y garantice que los 4.879 estudiantes comiencen normalmente sus clases en 2027.