Universidades privadas acuden a la Corte para tumbar el impuesto al patrimonio: al menos 80 centros educativos se verían afectados
Ascún advierte que el decreto podría afectar la sostenibilidad financiera de las instituciones y los recursos destinados para los estudiantes.
A la Corte Constitucional llegó el viernes 13 de marzo una intervención ciudadana de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascún), en la que solicita que se declare la inconstitucionalidad del Decreto Legislativo 0173 del 24 de febrero de 2026, con el cual se estableció el impuesto al patrimonio en el marco de la emergencia económica.
Ante el documento del Gobierno existe una creciente preocupación en el sector de la educación superior, ya que el nuevo impuesto tendría un fuerte impacto en las universidades privadas, de las cuales un informe del Observatorio de la Universidad Colombiana ya reveló qué instituciones deberían pagar este gravamen.
Según Ascún, el impacto de esa medida será de alrededor de 135.000 millones de pesos, los cuales deberán asumir las Instituciones de Educación Superior (IES). El problema es que estas instituciones son, por ley, organizaciones sin ánimo de lucro y su patrimonio no necesariamente representa riqueza, ya que suelen ser laboratorios, aulas o auditorios al servicio de la comunidad educativa.
Ascún advirtió que los efectos en la sostenibilidad del sistema de educación superior de este impuesto pueden ser graves, y que con estos recursos se podrían cubrir cerca de 15.000 cupos de educación superior y miles de becas dirigidas a estudiantes de menores ingresos.
La intervención ciudadana, conocida y dirigida a la magistrada Lina Marcela Escobar, señala que el decreto del Gobierno viola principios constitucionales como la equidad tributaria y la capacidad contributiva. También sostiene que el Ejecutivo no explicó suficientemente las razones para incluir a las universidades dentro del impuesto.
En el documento se lee: “La imposición de un impuesto al patrimonio sobre los bienes de las universidades constituye una interferencia directa en su autonomía financiera, al obligarlas a destinar recursos que deberían orientarse al cumplimiento de su misión educativa y científica al pago de obligaciones fiscales”.
En entrevista con EL TIEMPO, el padre Harold Castilla, rector de Uniminuto y vicepresidente de Ascún, explicó el impacto de la medida. “Nosotros tenemos un promedio de dos mil millones de pesos que tenemos que pagar ahora en la primera cuota, el primero de abril, y la otra en mayo”, detalla. Y advierte: “El impacto del salario mínimo, del 23 por ciento; la caída de la matrícula, y ahora este impuesto. Vamos a tener que hacer un esfuerzo grande”.
De hecho, el impacto potencial de la medida se refleja en el tamaño del sistema educativo privado. Según Ascún, más de 1,2 millones de estudiantes están matriculados en universidades privadas, cuya operación depende de esquemas financieros ajustados al sostenimiento de la actividad académica. En ese contexto, las instituciones advierten que cualquier presión tributaria adicional podría afectar su capacidad de inversión y operación.
De acuerdo con el decreto, todas las personas jurídicas con un patrimonio líquido por encima de las 200.000 UVT (que a cálculos de 2026 con la UVT en 52.374 pesos equivale a 10.474 millones de pesos) deberán pagar el impuesto al patrimonio, que se tasó en el 0,50 por ciento.
En otras palabras, todas las universidades con un patrimonio superior a 10.474 millones de pesos estarían sujetas a pagar este impuesto. Según Ascún, esto afectaría a entre 75 y 80 instituciones de educación superior del país.
Moisés Wasserman, exrector de la Universidad Nacional, ha criticado el decreto porque considera que trata a las universidades privadas como si fueran empresas con fines de lucro, lo que —según él— podría afectar recursos destinados a becas, investigación y funcionamiento académico.
“Esto es una barbaridad. Las universidades privadas en Colombia por ley son sin ánimo de lucro. Cobrarles impuesto de patrimonio afectará a sus estudiantes”, detalló el académico en sus redes sociales.
El padre Harold advirtió, entre tanto, que una de las principales preocupaciones frente a la posibilidad de que algunas universidades tengan que asumir el nuevo impuesto al patrimonio es el impacto que esto podría tener en el costo de las matrículas. Según explicó, muchas instituciones privadas atraviesan actualmente un momento financiero complejo, marcado por la caída en el número de estudiantes y por estructuras de sostenibilidad cada vez más tensionadas.
En ese contexto, señaló que existe el riesgo de que algunas universidades busquen trasladar parte de esa carga a los estudiantes. “Hoy las universidades privadas han estado contraídas en su matrícula y su sostenibilidad financiera está bastante tensionada. Eso genera un estrés que realmente las pone en riesgo”, afirmó.
Por eso, advirtió que, aunque no se trata necesariamente de una decisión generalizada, sí podría aparecer la tentación de incrementar los costos para los estudiantes. “Puede ser que algunas —no estoy hablando de todas— sientan la tentación de decir: vamos a tener que subir la matrícula”, concluyó.
¿Y las universidades públicas?
Es importante aclarar que el decreto 0173 crea un impuesto al patrimonio para personas jurídicas contribuyentes del impuesto sobre la renta. En ese sentido, las universidades públicas en Colombia no son contribuyentes de este impuesto, pues son entidades públicas del Estado. Por lo tanto, no hacen parte del grupo de sujetos pasivos definido por el decreto.
En la intervención ciudadana, Ascún pide suspender provisionalmente el decreto, al menos en lo que aplica el impuesto a las universidades; declarar inconstitucional la totalidad de la norma; o, de manera subsidiaria, permitir el impuesto, pero excluyendo a las entidades sin ánimo de lucro del régimen tributario especial, como las universidades privadas.
También distingue entre el valor del patrimonio de las universidades y el monto que se recaudaría con el impuesto. Según las estimaciones citadas por Ascún, las instituciones que superarían el umbral tendrían en conjunto un patrimonio cercano a 27 billones de pesos, que incluye infraestructura, campus, laboratorios, bibliotecas y otros activos destinados al servicio educativo. Sin embargo, el impuesto previsto en el Decreto Legislativo 0173 de 2026 generaría un recaudo aproximado de 135.000 millones de pesos, es decir, una fracción de ese patrimonio total que, según la intervención presentada ante la Corte Constitucional de Colombia, corresponde principalmente a recursos invertidos en el funcionamiento y desarrollo de las universidades.