Comisión de Acusaciones abrió investigación preliminar contra el presidente Gustavo Petro por caso pasaportes
La apertura responde a una denuncia radicada por el precandidato presidencial, Abelardo de la Espriella. La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes —el órgano facultado para investigar al presidente de la República— abrió una investigación preliminar contra el presidente Gustavo Petro por el caso de los pasaportes.
La indagación previa surge tras una denuncia penal presentada por el abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella, quien solicitó práctica de pruebas documentales y actuaciones de verificación por presunto abuso de función pública en calidad de determinador en el denominado caso pasaportes –el escándalo que nació a partir de la decisión de declarar desierta la licitación pública para la fabricación y expedición de pasaportes que había ganado Thomas Greg & Sons y que derivó en la creación de un nuevo modelo público en alianza con Portugal-.
El objetivo es verificar si existen elementos que permitan avanzar hacia una imputación formal. En ese sentido, se ordena al Grupo de Policía Judicial (CTI) adscrito a la Comisión que, dentro de los veinte (20) días siguientes, practique inspección administrativa en la Procuraduría a fin de identificar los números de radicado del expediente disciplinario del denominado “caso pasaportes”, levantar acta e individualizar las piezas procesales relevantes; tomar copias simples para cotejo y documentar cadena de custodia. También rendir informe circunstanciado con listado exacto de folios y providencias.
Una vez el CTI informe los radicados exactos, se pedirá a la Procuraduría que remita copia íntegra y certificada del expediente disciplinario que cursa contra el entonces canciller, y demás decisiones de suspensión y revocatoria proferidas respecto del disciplinado Alfredo Saade (exjefe de Despacho).
Cabe recordar que el ente de control decidió apartar al entonces jefe de despacho de Presidencia por tres meses del cargo, para investiga de fondo si se extralimitó al reunirse con funcionarios de la Cancillería para darles instrucciones de cómo gestionar la expedición de pasaportes.
Así mismo, se pedirá a la Fiscalía que informe el estado actual del proceso penal que se adelanta contra Saade asociado con la controversia suscitada con la Imprenta Nacional de Colombia y el Gobierno de Portugal.
El escándalo de los pasaportes
Sacar a Thomas Greg & Sons del negocio de los pasaportes ha sido un dolor de cabeza para el Gobierno. Han pasado tres cancilleres (Álvaro Leyva, Luis Gilberto Murillo y Laura Sarabia) y ninguno pudo y, además, el Estado libró una batalla jurídica para evitar una demanda por 117.000 millones que amenazaba las arcas de la Nación.
Tras la contingencia derivada del proceso de licitación fallido para la contratación de la producción de libretas de pasaportes en 2023, Leyva –quien terminó suspendido por la Procuraduría- recurrió a una urgencia manifiesta por un año. Luego, Murillo prorrogó por 11 meses más que culminaron el 31 de agosto. De nuevo, se prorrogó por urgencia manifiesta hasta abril de 2026.
El 1 de abril de 2026 iniciará la implementación del nuevo modelo de pasaportes, en el que participarán la Casa de la Moneda de Portugal, la Imprenta Nacional y la Cancillería, bajo un esquema orientado a la «protección de la soberanía de los datos personales de los ciudadanos colombianos».