Imputan al exgobernador de Amazonas por presuntas irregularidades en contratos de infraestructura
Exgobernador de Amazonas, Carlos Arturo Rodríguez Celis, imputado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.
Una fiscal delegada imputó, ante la Corte Suprema de Justicia, al exgobernador de Amazonas, Carlos Arturo Rodríguez Celis, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.
Según indicó la Fiscalía, los elementos materiales probatorios señalarían presuntas irregularidades en un convenio suscrito entre la Gobernación de Amazonas y la Alcaldía de Leticia, cuyo objetivo era “la disposición de recursos técnicos, administrativos y financieros para ejecutar obras relacionadas con la recuperación de la malla vial del casco urbano de Leticia”, por un valor superior a los COP 499 millones.
El acuerdo, firmado el 26 de febrero de 2015 por el entonces gobernador, “carecía de estudios de conveniencia y oportunidad, y no cumplió los requisitos de contratación estipulados en la ley”, afirmó el ente investigador.
Además, la Fiscalía señaló que el contrato no definió la necesidad de adquirir varios materiales, no precisó las cantidades requeridas y tampoco identificó los corredores viales que serían intervenidos.
Asimismo, el 19 de junio de 2015, el exgobernador adicionó mediante un otrosí COP 40 millones para cubrir gastos que, según la Fiscalía, no tenían relación con el objetivo del contrato inicial, pues esos recursos habrían sido destinados a la ejecución de obras de la Alcaldía de Leticia.
Por otro lado, mediante una subasta inversa, un mecanismo en el que el comprador fija las condiciones de la adquisición, se firmó un contrato el 20 de marzo de 2015 para suministrar insumos destinados al reparcheo de vías urbanas de Leticia y para la adecuación de viviendas e infraestructura sanitaria en el departamento.
Este contrato, suscrito por un valor de COP 1.083 millones, “presentó posibles sobrecostos que superaron los COP 240 millones en la compra de materiales”, señaló la Fiscalía.