Pequeños comercios, los más expuestos al nuevo cobro sobre pagos digitales
Expertos advierten que la retención del 1,5 % desincentivaría el uso de medios electrónicos y aumentaría el uso de efectivo.
El nuevo impuesto a las transferencias digitales que estudia el Gobierno nacional está despertando preocupación entre contadores y empresarios, especialmente entre quienes sostienen su negocio con ventas diarias y márgenes estrechos; ya que aunque la propuesta se presenta como una retención en la fuente del 1,5% sobre pagos digitales comerciales, y no como un tributo nuevo, los expertos advierten que su impacto sería inmediato en la liquidez de los pequeños comercios.
Para la profesora Lorena Gutiérrez, directora del programa de Contaduría Pública de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, la medida llega en un momento inoportuno y explica que “aunque el Gobierno recalca que no se trata de un impuesto nuevo, para el comerciante la realidad es otra: recibe menos dinero en el instante, y en un país donde muchos negocios viven del día a día, esa diferencia se siente”.
El contexto también parece contradictorio, puesto que Colombia intenta avanzar hacia una economía más digital, pero aún más del 70% de las compras cotidianas se realizan en efectivo y la retención llegaría justo cuando el país comienza a implementar Bre-B, la autopista de pagos inmediatos del Banco de la República, que busca acelerar las transacciones digitales y reducir el uso del efectivo.
“Estamos inaugurando la carretera digital, pero ya quieren cobrar peaje en la primera curva”, señala Gutiérrez con tono crítico; destacando que no sería tan breve la implementación de este sistema si se le ponen barreras tributarias.
Golpe directo al flujo de caja
Esta experta agregó que para los pequeños comerciantes, el impacto de una retención del 1,5% puede ser considerable y pone un ejemplo sencillo para ilustrar la magnitud del problema; acotando que es necesario entender no solo la necesidad de ingresos que tiene el país, sino el contexto en el que se va a aplicar esta medida.
“Una tienda de barrio que facture $5 millones al mes por medios digitales perdería $75.000 en caja, una suma significativa para quien depende de la rotación diaria. Si el negocio no declara renta o presenta pérdidas, ese dinero quedaría congelado en la Dian, sin claridad sobre cuándo podría recuperarse”, indicó.
El Gobierno ha justificado la medida como una forma de “nivelar la cancha” frente a los pagos con tarjeta, que ya tienen retención. Sin embargo, los analistas consideran que esa equiparación no fortalece la digitalización, sino el uso del efectivo, el medio que se busca precisamente reducir. “Equiparar cargas tributarias no debería significar frenar la modernización de los pagos”, agrega la contadora.
Efectos que podrían sentirse pronto
Los especialistas prevén tres consecuencias inmediatas si la medida se implementa. La primera es un aumento del uso de efectivo, dado que muchos comerciantes podrían pedir a sus clientes que paguen en billetes para evitar descuentos automáticos y esto abriría espacio a ventas no registradas, menores ingresos declarados y, en consecuencia, una caída en la base real de recaudo tributario.
El segundo efecto sería una reducción en la liquidez de los micronegocios. Según Gutiérrez, estos establecimientos funcionan “al centavo” y cualquier retención recurrente puede obligarlos a reducir inventarios, aplazar pagos o incluso suspender operaciones en días de baja venta; advirtiendo que “las pymes necesitan oxígeno financiero, no un nuevo filtro de caja”.
El tercer impacto apunta a mayores costos operativos; puesto que las plataformas de pago, bancos y
pasarelas digitales deberán actualizar sus sistemas para reportar, conciliar y transferir las retenciones, lo que generará costos administrativos adicionales que inevitablemente se trasladarán al consumidor final.
Un recaudo que puede revertirse
Por último, en términos fiscales, la medida podría mejorar el flujo de recursos en los primeros meses, ya que las retenciones aceleran los ingresos del Estado. No obstante, Gutiérrez advierte que no aumentan la base tributaria, solo adelantan el dinero que ya debía pagarse, señalando que “lo que entra rápido hoy, puede salir más caro mañana”.
Así las cosas, el riesgo, explica, es que el incentivo a usar efectivo termine erosionando la formalización que se había ganado en los últimos años gracias a las billeteras digitales y las pasarelas de pago y ante esto concluye que “la formalidad es la que fortalece el recaudo a largo plazo. Si la medida frena la digitalización, el país podría terminar recaudando menos que antes”.