En medio de las audiencias de imputación y de solicitud de medida de aseguramiento dentro del denominado caso Lili Pink, la defensa de la compañía salió al paso de los señalamientos.
La defensa aseguró que, tras revisar la documentación entregada por la Fiscalía, no existe evidencia que permita acreditar la existencia de contrabando.
Los abogados Andrés Eduardo Jiménez Camargo, Juan David Bazzani Montoya y Laura Kamila Toro Peña señalaron que analizaron más de 1.500 archivos, equivalentes a unos cuatro gigabytes de información, trasladados por el ente investigador.
Según la defensa, las respuestas entregadas por la Dian a la propia Fiscalía demostrarían que la mercancía objeto de investigación ingresó al país a través de puertos autorizados, mediante intermediarios vigilados y cumpliendo, según su versión, con la normativa aduanera.
Uno de los principales puntos de controversia está relacionado con un decomiso realizado por la Dian en 2023. De acuerdo con la defensa, entre mayo y septiembre de ese año la entidad adelantó visitas a la compañía y, tras revisar menos del 1% de la mercancía objeto de fiscalización, procedió al decomiso de la totalidad.
La cantidad involucrada, según los abogados, supera los 3 millones de prendas, avaluadas en aproximadamente $54.000 millones. La compañía sostiene que estos productos contaban con la documentación exigida por la regulación vigente.
La defensa también cuestiona las actuaciones administrativas derivadas de ese procedimiento. Según informó, en 2023 la compañía presentó una denuncia penal ante la Fiscalía y demandó ante el Consejo de Estado los actos administrativos relacionados con el decomiso realizado por la Dian.
El caso tuvo un nuevo capítulo en enero de 2026, cuando, según la compañía, se detectó que parte de la mercancía decomisada en 2023 estaba siendo comercializada en establecimientos que no estarían autorizados y que no tendrían vínculo con la marca Lili Pink.
Ante esta situación, la empresa presentó otras dos denuncias penales, de acuerdo con la información entregada por su defensa. Los abogados cuestionan que, hasta el momento, la Fiscalía no haya avanzado en las denuncias presentadas tanto en 2023 como en 2026.
Otro de los argumentos planteados por la defensa está relacionado con las actuaciones judiciales adelantadas durante la investigación. Los abogados aseguran que tres jueces de control de garantías diferentes han declarado ilegales varios actos de investigación en las últimas semanas, lo que, a su juicio, evidenciaría fallas en el proceso.
La defensa sostiene que estos elementos deben ser considerados durante las audiencias actuales y que no existe fundamento para atribuir a sus representados delitos como lavado de activos o enriquecimiento ilícito si previamente no se logra demostrar la existencia del supuesto delito fuente.
No obstante, estas afirmaciones corresponden a la posición de la defensa y deberán ser contrastadas con los argumentos y elementos probatorios que presente la Fiscalía durante las audiencias.
Los abogados aseguraron que continuarán utilizando los mecanismos judiciales disponibles para defender a las personas involucradas y preservar su presunción de inocencia mientras avanza el proceso y se esclarecen los hechos que dieron origen a la investigación.