Un caso de presunta corrupción relacionado con la Dirección de Impuestos Nacionales – Dian, en La Guajira, quedó bajo revisión judicial tras la captura de tres funcionarios y una pensionada de la entidad.
Los hechos habrían ocurrido en Riohacha y estarían asociados con supuestas irregularidades en trámites, sanciones y actuaciones administrativas.
La acusación fue presentada por el fiscal especializado de Bogotá, Juan David Huepes, durante una audiencia virtual liderada por la jueza quinta penal de Riohacha con funciones de control de garantías, Viviana Zafra. En la diligencia también fueron vistos los abogados guajiros Iván Fuentes Acosta y Mauren Puente Vidal.
Según lo expuesto en el proceso, a los capturados les fueron imputados delitos como concierto para delinquir, cohecho propio y prevaricato por acción. Las autoridades judiciales legalizaron las capturas y, de manera preventiva, los procesados permanecen privados de la libertad en el antiguo Caimeg.
Denuncias apuntan a presuntas exigencias de dinero
Parte del caso estaría relacionado con una denuncia presentada por representantes de la IPS Medicar ubicada en Riohacha. De acuerdo con la información conocida funcionarios de la Dian habrían solicitado dinero para modificar datos en el sistema y reducir el valor de una sanción por presuntas inconsistencias tributarias.
La situación fue revelada públicamente el 11 de enero de 2025 por Noticias Uno, que informó sobre presuntas exigencias económicas a personas y entidades señaladas de infringir normas tributarias, principalmente relacionadas con el IVA. La denuncia indica que algunos trabajadores habrían ofrecido disminuir multas a cambio de pagos.
En el caso de la IPS Medicar, una funcionaria habría realizado una visita para revisar libros de ingresos y egresos. Luego, según el relato conocido, la entidad recibió notificaciones por inconsistencias en facturas que sus representantes aseguraron no correspondían a la institución, lo que habría generado presión para aceptar una supuesta propuesta irregular.
Investigación revisa actuaciones de varios implicados
La denuncia señala que la multa inicial rondaba los 560 millones de pesos y luego habría sido reducida a 386 millones. De acuerdo con la versión entregada, la IPS Medicar se negó a pagar la presunta coima, situación que terminó con el embargo de una cuenta bancaria, aunque posteriormente la sanción fue levantada.
La Guajira Hoy conoció de manera informal que, entre las personas mencionadas en el proceso aparecen Carlos Andrés Pérez y Jorge Ariza, quienes habrían sido capturados en oficinas de la Dian en Riohacha. También figuran Ladys Benítez y Erwin Escudero, quienes fueron detenidos la mañana de este miércoles 20 de mayo en sus residencias durante diligencias adelantadas por funcionarios de la DIJIN quienes vinieron procedentes de Bogotá.
Sobre Ladys Benítez se indicó que ya estaba pensionada y que los hechos investigados corresponderían a los años 2021 y 2022, durante la pandemia. En el caso de Erwin Escudero, su defensa sostuvo que la imputación estaría vinculada a otro proceso y cuestionó la relación que se pretende establecer con los demás investigados.
Audiencia deja medidas preventivas contra capturados
La jurista Mauren Puente Vidal precisó que a Erwin Escudero le imputaron concierto para delinquir y cohecho propio, dentro de una investigación que, según su versión, no habría logrado conectarlo de manera directa con otros procesados. También indicó que existiría otro proceso en etapa de juicio en Barranquilla, mientras que su cliente siempre estuvo pendiente del proceso y en contacto con el fiscal que lleva su caso.
Por su parte, el abogado Iván Fuentes Acosta asistió durante la audiencia a Carlos Andrés Pérez uno de los implicados. El caso seguirá bajo la revisión de las autoridades competentes, que deberán establecer si las conductas investigadas ocurrieron y qué grado de responsabilidad tendría cada una de las personas señaladas. Los dos restantes encartados tenías abogados procedentes de Barranquilla.
Mientras avanza el proceso, los capturados conservan la presunción de inocencia. La investigación busca esclarecer si desde la Dian en Riohacha se habrían presentado cobros ilegales, manipulaciones de sanciones o actuaciones administrativas contrarias a la ley en perjuicio de ciudadanos y entidades de La Guajira.