El dilema de mantener estable el precio de los combustibles: menor presión al consumidor, mayor costo fiscal
Tener los precios estables alivia el bolsillo, pero traslada al Estado el costo de los ajustes pendientes.La decisión del Gobierno de reversar el aumento de 46 pesos por galón que estaba previsto para la gasolina corriente durante octubre vuelve a poner sobre la mesa una discusión que va más allá del ajuste de este mes: qué efectos tiene mantener estables los precios de los combustibles y quién termina asumiendo el costo de esa decisión.
El incremento había sido anunciado por el Gobierno y estaba relacionado con una actualización del precio reconocido a los productores de etanol, que tiene un efecto automático sobre la fórmula del precio final de la gasolina. Sin embargo, después de la instrucción presidencial, el ajuste fue reversado y los consumidores no tendrán que asumir esos 46 pesos durante octubre.
La decisión tiene un efecto inmediato sobre los hogares y los propietarios de vehículos: evita un mayor gasto en gasolina. También evita que ese incremento específico se traslade a los costos de operación de quienes utilizan este combustible.
Pero el hecho de que el precio no suba no significa que el costo desaparezca. El Gobierno mantendrá el reconocimiento económico a los productores de etanol y asumirá 8.300 millones de pesos durante octubre para cubrir esa diferencia.
Así, el costo cambia de destinatario. En lugar de llegar directamente al consumidor a través del precio del galón, es asumido por el Estado.
El alivio para el consumidor
Mantener estable el precio de la gasolina representa un alivio inmediato, aunque el impacto de los 46 pesos por galón debe dimensionarse frente al gasto total de los consumidores.
La importancia de evitar estos incrementos está también relacionada con el efecto que los combustibles pueden tener sobre otros precios. Un aumento de la gasolina puede elevar los costos de quienes utilizan vehículos para trabajar o movilizarse, aunque la magnitud de ese traslado depende de la estructura de costos de cada actividad.
En octubre, además, el precio de referencia de la gasolina quedó en los mismos niveles de septiembre. En Bogotá, por ejemplo, se mantiene en 16.331 pesos por galón y en Medellín en 16.251 pesos.
El vocero de Somos Uno, la alianza que agrupa a los principales gremios de estaciones de servicio y distribución de combustibles en Colombia, David Jiménez Mejía, explicó que las estaciones de servicio no fijan el precio final, sino que aplican la estructura definida por el Gobierno y el regulador. También señaló que, debido al corto tiempo durante el cual estuvo vigente el incremento, la mayoría de estaciones no alcanzó a reflejarlo en sus surtidores.
El otro lado de la decisión es fiscal
Al mantener un precio que incorpora un costo que debe reconocerse a los productores, el Gobierno debe cubrir la diferencia con recursos públicos. En el caso de octubre, son 8.300 millones de pesos asociados al reconocimiento del etanol.
El problema adquiere mayor dimensión cuando se habla del ACPM. El exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas señaló que la diferencia entre el precio internacional y el precio que pagan los consumidores es mucho mayor en este combustible.
Según su explicación, un galón de ACPM tendría un valor cercano a 20.000 pesos frente a unos 10.000 pesos que pagarían los consumidores, lo que representa una diferencia cercana a 10.000 pesos por galón. Cárdenas considera que esa brecha representa una presión importante para el presupuesto.
El vocero de Somos Uno también señaló que la mayor diferencia frente al precio internacional se encuentra en el diésel, aunque ubicó la brecha en más de 3.500 pesos por galón y advirtió que esta cambia diariamente según el precio del petróleo y la tasa de cambio.
Las cifras planteadas por ambos actores corresponden a referencias y momentos distintos, pero coinciden en señalar que el problema fiscal es mayor en el caso del ACPM que en el de la gasolina.
¿Por qué el ACPM genera una discusión diferente?
El diésel tiene un peso importante en el transporte de carga y pasajeros. Según los datos entregados por el gremio de estaciones de servicio, los vehículos diésel representan cerca del 50 por ciento del consumo total de combustibles y el diésel participa con alrededor del 46 por ciento del consumo, frente al 54 por ciento de la gasolina.
Por eso, aumentar el precio del ACPM tiene un efecto distinto al de un ajuste de la gasolina. Cárdenas reconoce que habría impactos sobre el transporte de carga y los alimentos, precisamente porque el combustible hace parte de sus costos de operación.
El dilema es que mantenerlo estable también tiene un costo fiscal. Se busca evitar un impacto sobre los precios de transporte y otros bienes, pero a cambio el Estado debe asumir una mayor parte de la diferencia.La fórmula también está en discusión
El debate no se limita a decidir cuánto debe pagar el consumidor. Sergio Cabrales, docente de la Universidad de los Andes y experto en asuntos minero-energéticos, plantea revisar la estructura del precio máximo de la gasolina y el diésel.
Entre los elementos que propone revisar están el ingreso al productor, para mantenerlo como precio de oportunidad para Ecopetrol o los importadores; los impuestos, incluidos el IVA, el impuesto al carbono, el IVA a mayoristas y la sobretasa; los precios de frontera y los ingresos reconocidos a los productores de biodiésel y etanol.
Su planteamiento parte de revisar la estructura completa del precio, en lugar de concentrar la discusión únicamente en el subsidio.
Los impuestos, de hecho, representan una parte importante del precio final. Según Jiménez, entre 20 y 25 por ciento corresponde a cargas tributarias como la sobretasa a los combustibles, el impuesto al carbono y el impuesto nacional al consumo.
Esto muestra que el precio que paga el consumidor no depende únicamente del petróleo o de la tasa de cambio.
El Gobierno ha señalado que la decisión de octubre es temporal y que los ministerios de Minas y Energía y Hacienda deberán buscar una solución articulada y permanente frente al comportamiento internacional del precio del petróleo y su impacto sobre los combustibles.
El gremio de estaciones de servicio, por su parte, ha pedido reglas previsibles y anunciadas con anticipación, tanto para los consumidores como para las empresas que participan en la distribución.
Por ahora, mantener estable la gasolina produce un beneficio inmediato: el consumidor no paga el aumento previsto. Pero la decisión también implica que el Estado asume un costo y mantiene abierta la discusión sobre la sostenibilidad de los subsidios.
En el caso del ACPM, el debate es más amplio por la diferencia frente a los precios internacionales y por el peso del diésel en el transporte. Y, detrás de ambos combustibles, permanece una discusión sobre la fórmula de precios, los impuestos, los biocombustibles y el papel que debe tener el Estado en la estabilización de los precios