José Leonidas Bustos pagrá 10 años de cárcel por el sonado caso del cartél de la toga, al confirmar sentencia la Corte Suprema aprueba su extradición desde Canadá

Corte Suprema confirma condena de 10 años de prisión contra el exmagistrado José Leonidas Bustos y solicita gestionar su extradición desde Canadá

La Sala de Casación Penal ratificó la pena tras ser hallado responsable como el principal creador y líder de la red de corrupción ‘cartel de la toga’.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la pena de 10 años de prisión contra el exmagistrado José Leonidas Bustos Martínez por liderar el ‘cartel de la Toga’, y solicitó al Gobierno Nacional que adelante los trámites diplomáticos requeridos para traerlo de vuelta al país.

Bustos Martínez, quien llegó a presidir la Corporación, fue hallado responsable de cohecho propio y concierto para delinquir. Según la decisión, con ponencia del magistrado Gerson Chaverra, Bustos formó parte de una red integrada por varios abogados litigantes que se acercaba a congresistas para para cobrar millonarios sobornos a cambio de archivar, desviar o dilatar sus procesos judiciales por «parapolítica».

La Corte calificó los hechos de «extrema y cardinal gravedad» y señaló que no se trata solo de un juez que traicionó la confianza depositada en él, sino de una traición ocurrida en la corporación de cierre y principal referente histórico de la Rama Judicial. 

«Los hechos aquí juzgados son de extrema y cardinal gravedad. No sólo es un asunto en el cual un juez traicionó la confianza en él depositada. Sino que, tal traición ocurrió dentro de una Corporación de cierre y el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria. José Leonidas Bustos materializó varias traiciones: a la ciudadanía, a la Colegiatura que lo acogió, a la tradición histórica de esta última, y al rol de la más alta dignidad judicial al que un abogado, en el ámbito nacional, puede aspirar», se lee en la decisión.

Los dos casos 

Para la Sala, el papel de Bustos como magistrado de la Sala de Casación Penal y sus dignidades de representación de la Corporación funcionaban como una garantía institucional para que los acuerdos con los aforados salieran adelante.

El fallo analiza y deja en firme la corrupción en dos eventos concretos. En el primero, el entonces senador Álvaro Antonio Ashton Giraldo habría prometido $1.200.000.000 para obtener un auto de archivo en su investigación e inicialmente entregó $600.000.000.

Según lo afirmado en el proceso, por orden del exmagistrado Francisco Ricaurte Gómez, Bustos recibió $200.000.000 para contribuir a ese acto, contrario a los deberes oficiales, y también un reloj Cartier Ballon Bleu de oro rojo. La Corte dio por acreditado el recibo de los $200.000.000 y su participación en los propósitos dirigidos a colaborar con un auto inhibitorio ilegal a favor de Ashton.

«Las evidencias fueron claras en acreditar la calidad de funcionario público ostentada por José Leonidas Bustos, la aceptación de las promesas remuneratorias —caso Musa Besaile—, el recibo de dinero —$200.000.000 en el caso Álvaro Ashton— (…). No existió duda sobre la conformación de una organización delictiva que contó con la participación de funcionarios de la máxima corporación de la jurisdicción ordinaria, con distribución del trabajo y la ejecución armónica encarrilada a un mismo propósito», se lee en la decisión.

En el segundo, el entonces senador Musa Abraham Besaile Fayad acordó pagar dinero a cambio de ser favorecido en su investigación por parapolítica, que dirigía el magistrado Gustavo Enrique Malo Fernández. La Corte estableció que Bustos aceptó la promesa económica de Besaile. Para llegar a esa conclusión se apoyó en la versión de Luis Gustavo Moreno Rivera ante Luis Ignacio Lyons, según la cual la distribución del dinero incluía a su «papá», quien según la Corte era, sin duda, el acusado.

«El procesado no reparó ni formuló inconformidad al proceder de su compañero de Sala, cuyo acto le es atribuible de forma recíproca», dijo la Corte.

El fallo describe además cómo se dilató ese proceso. Tras el auto del 13 de mayo de 2015, se decretaron más pruebas, se removió al magistrado auxiliar que impulsaba el caso y se designaron sucesivamente otros auxiliares, que consumieron tiempo en el examen del expediente y nunca se concretó una decisión que comprometiera la situación de Besaile. 

La Sala sostuvo que Bustos conocía el pacto y la investigación previa, tenía competencias para lograr un resultado distinto y no formuló inconformidad frente al proceder de su compañero de Sala.

Bustos se encuentra en Ottawa (Canadá) y el alto tribunal ordenó oficiar a Interpol para tramitar una Notificación Roja con fines de extradición y se solicitó al Gobierno, por medio de la Cancillería y la Embajada de Colombia en Canadá, a gestionar su búsqueda y captura.