Costo laboral del Estado colombiano alcanzó niveles históricos y presiona la sostenibilidad fiscal del país
Transferencias del SGP, salud, pensiones y nómina pública concentran el peso estructural del presupuesto nacional.
El costo laboral asociado al funcionamiento del Estado colombiano alcanzó niveles históricos y ya representa cerca de 18,6% del Producto Interno Bruto, en medio de un escenario de creciente rigidez presupuestal, aumento del gasto de personal y expansión de los contratos de prestación de servicios
Así lo advierte un informe del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana sobre la evolución del gasto público, que concluye que el crecimiento de estos rubros está reduciendo el margen de maniobra fiscal del Gobierno Nacional y elevando las presiones sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas.
El documento señala que las inflexibilidades presupuestales corresponden a gastos cuya destinación o crecimiento está determinado por normas constitucionales, legales o contractuales, lo que limita la capacidad de ajuste del presupuesto en el corto plazo. Entre esos componentes aparecen el servicio de la deuda, las pensiones, el Sistema General de Participaciones (SGP), el aseguramiento en salud, los programas sociales y el gasto de personal.
En ese contexto, el informe evidencia una reducción progresiva de los gastos flexibles dentro del Presupuesto General de la Nación. Mientras en 2023 representaban 12,9% del presupuesto, para 2026 caerían a 9,5%, reflejando el aumento de obligaciones permanentes de funcionamiento y transferencias. El análisis advierte que esta tendencia reduce el espacio fiscal disponible en un escenario marcado por déficit elevados y mayores restricciones presupuestales.
Gasto de personal del Estado alcanza máximos históricos
Uno de los principales focos del análisis está en la evolución del gasto de personal. Según las cifras presentadas, este rubro pasó de $24,2 billones en 2005 a $57,4 billones en 2025, lo que representa un incremento acumulado cercano al 137% en términos reales durante las últimas dos décadas. La serie muestra una nueva fase de aceleración desde 2023, llevando el gasto al nivel más alto registrado.
Como porcentaje del PIB, el gasto de personal también aumentó. Mientras en 2005 representaba alrededor de 2,8% de la economía, para 2025 llegó a aproximadamente 3,1% del PIB. El informe destaca que solo entre 2022 y 2025 este componente aumentó en 0,5 puntos porcentuales del PIB, consolidándose como uno de los rubros más dinámicos y estructuralmente rígidos del presupuesto colombiano.
El documento explica que la dinámica reciente del gasto no responde únicamente al crecimiento de las plantas de personal.
“Las presiones fiscales recientes no responden únicamente a expansiones de planta, sino también al incremento de salarios, prestaciones, contribuciones patronales y demás costos asociados a la nómina pública”, señala el informe. Esta situación adquiere mayor relevancia por la limitada capacidad de ajuste que tiene este tipo de gasto en el corto plazo.
Entre 2022 y 2026, el gasto agregado asociado al empleo público aumentó cerca de 31% en términos reales, mientras el número total de cargos financiados mediante el presupuesto público creció apenas alrededor de 4%. El análisis concluye que el incremento reciente del costo laboral del Estado ha sido significativamente superior al crecimiento efectivo de las plantas oficiales.
El principal componente del gasto corresponde a las transferencias asociadas al SGP y universidades públicas. Este rubro pasó de $39,7 billones en 2022 a $48,6 billones proyectados para 2026, representando cerca del 43% del gasto total consolidado. El documento resalta que buena parte de estos recursos financian funcionamiento en salud y educación, especialmente salarios de docentes y personal administrativo territorial.
Defensa y Policía aparecen como el segundo componente de mayor peso dentro del gasto de personal. El informe indica que este rubro pasó de $21,7 billones en 2022 a $30,4 billones en 2026. También crecieron los gastos asociados a la Rama Judicial, Fiscalía y órganos autónomos, así como los correspondientes a la Rama Ejecutiva, que registró el mayor crecimiento relativo en número de cargos.
Contratos OPS y funcionamiento estatal aumentan presión fiscal
El informe también advierte sobre la creciente utilización de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como mecanismo de vinculación laboral dentro del Estado. Aunque esta modalidad no hace parte de las plantas formales de empleo público, el documento concluye que se ha consolidado como principal mecanismo de vinculación de personal en el sector público colombiano”.
Las cifras muestran que el valor agregado asociado al funcionamiento estatal, sumando empleo público y contratación por prestación de servicios, pasó de aproximadamente $168,1 billones en 2022 a $190,8 billones en 2025. De ese total, $111,9 billones corresponden a gasto de personal financiado mediante PGN y SGP, mientras cerca de $78,9 billones están asociados a contratos OPS del orden nacional.
En materia de vinculaciones, el número total de personas asociadas al funcionamiento estatal aumentó de aproximadamente 1,33 millones en 2022 a cerca de 1,46 millones en 2025. Dentro de ese total, los contratos de prestación de servicios crecieron de cerca de 231.000 a aproximadamente 318.000 contratos, elevando su participación dentro del total de vinculaciones estatales.
El análisis advierte que el crecimiento de esta modalidad no solo se concentra en proyectos de inversión, sino también en actividades regulares de funcionamiento. De hecho, el número de contratos asociados a funcionamiento pasó de aproximadamente 124.000 en 2020 a cerca de 378.000 en 2025, triplicando su tamaño en apenas cinco años.
Al mismo tiempo, el valor promedio de los contratos se redujo. Mientras en 2022 cada contrato nacional equivalía en promedio a cerca de $376 millones, para 2025 la cifra cayó a aproximadamente $248 millones, una reducción cercana al 34%. El informe interpreta este comportamiento como una señal de mayor atomización y fragmentación de la contratación estatal.
El documento también observa un incremento significativo de la contratación pública antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías Electorales. Durante el primer trimestre de 2026 se registraron aproximadamente 168.000 contratos y cerca de $15 billones contratados, el mayor nivel de toda la serie observada. Frente al mismo periodo de 2022, esto representó un aumento cercano a $6 billones y 70.000 contratos adicionales.
Salario mínimo y rigidez presupuestal elevan riesgos fiscales
Otro de los factores que incrementó las presiones sobre el gasto público fue el aumento extraordinario del salario mínimo para 2026. El informe recuerda que el Gobierno Nacional decretó un incremento de 23%, elevando el salario mínimo de $1.423.500 a $1.750.905, una variación muy superior a la inflación observada de 5,1%.
Aunque el ajuste no afecta automáticamente todos los salarios del sector público, el análisis señala que sí impacta componentes específicos de la nómina estatal, especialmente en Defensa y Policía. La estimación presentada calcula que el efecto fiscal total asciende aproximadamente a $5,9 billones, concentrados principalmente en pensiones, reparación de víctimas y asignaciones de retiro de las Fuerzas Militares.
De ese total, cerca de $1,3 billones corresponden directamente al gasto de personal. El informe destaca que el incremento del salario mínimo genera efectos automáticos sobre componentes indexados al SMLMV, amplificando las presiones sobre el gasto de funcionamiento en un contexto de estrechez fiscal y deterioro de las finanzas públicas.
El análisis también advierte sobre limitaciones persistentes en la calidad y estandarización de la información pública relacionada con empleo estatal y contratación. Las diferencias entre fuentes institucionales y la fragmentación de registros administrativos dificultan construir una medición homogénea e integral del costo laboral del Estado colombiano.
Como conclusión, el documento sostiene que el crecimiento sostenido del gasto de personal y de la contratación estatal está aumentando el peso estructural del funcionamiento del Estado sobre las finanzas públicas.
“El crecimiento reciente de la remuneración de personal ha sido significativamente superior al crecimiento del número de cargos financiados por el presupuesto público”, concluye el informe del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, que además advierte que las decisiones salariales y las dinámicas institucionales recientes continúan profundizando las presiones fiscales sobre el Gobierno Nacional.